Ministerio de Justicia se ahorra ₡7.500 millones al año gracias a monitoreo electrónico

Lun, 26/08/2019 - 15:12
Ministerio de Justicia se ahorra ₡7.500 millones al año gracias a monitoreo electrónico

•  Cada privado de libertad en una cárcel le cuesta al Estado ₡700 mil al mes, mientras que con monitoreo electrónico la cifra es de ₡293 mil.

•  El promedio que pasa una persona en prisión es de 10 años, según datos del Ministerio de Justicia y Paz, lo que provoca un gasto para el país cercano a los 84 millones de colones.

 

El uso de tobilleras electrónicas por parte del Ministerio de Justicia y Paz le ahorra al país cerca de 7.500 millones de colones.

 

Según datos aportados por la Ministra de Justicia y Paz, Marcia Gonzalez, cada persona en prisión le cuesta al Estado ₡700 mil al mes, mientras que con monitoreo electrónico la cifra es de ₡293.250 (al tipo de cambio actual).

 

“Nos complace muchos escuchar las palabras de la señora Ministra de justicia al reconocer el éxito del proyecto sobre todo por los beneficios que el país ha tenido con el ahorro anual de 7.500 millones y el bajísimo nivel de reincidencia el cual disminuye notoriamente”, aseguró el Gerente General de la ESPH, Allan Benavides.

 

El costo diario para el Ministerio por el uso de las tobilleras electrónicas es de 17 dólares (9.775 colones al tipo de cambio vigente) y actualmente se cuenta con cerca de 1.500 personas con este beneficio, lo que representa un ahorro cercano a los 7.500 millones de colones al año para el país.

 

Además, según datos aportados por la Ministra el 75% de las personas indiciadas por algún delito permanece en prisión un promedio menor a los tres meses, por lo que el costo de mantenerlos con vigilancia electrónica es menor.

 

Marcia González aseguró qué se coordinó con los jueces para otorgar la medida a personas que cumplan con los requisitos mínimos para poder portar una tobillera, de esta forma mejorar el otorgamiento del beneficio.

 

La Ministra señaló que en ocasiones anteriores se otorgó el monitoreo a personas con doble amputación de piernas, personas sin domicilio o indigentes y personas con abuso conocido de drogas.

 

El trabajo en este mejoramiento del perfil permitió a las autoridades tener un mayor control de los privados de libertad y de paso compartir el perfil con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)